Por Rodrigo Juárez Ortiz
El 22 de Octubre retro- próximo celebramos en México el bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, documento que sentó los pródromos del constitucionalismo mexicano ( por ser técnica y jurídicamente la primera Constitución Política de lo que sería una nueva nación o sea nuestro actual país, aun cuando por modestia los constituyentes se refirieron a ella diciendo que no era la Constitución permanente ), y que se formuló en Chilpancingo con base en algunas referencias anteriores pero fundamentalmente en los 23 puntos de los llamados Sentimientos de la Nación formulados por el insigne Don José Ma. Morelos y Pavón, que en 1813 convocó en dicha ciudad al Primer Congreso de Anáhuac, historia por todos conocida o que debería de serlo, ya que como mexicanos estamos obligados a saberlo.
Pues bien, en dicho documento los constituyentes de Apatzingán no solo crearon jurídica y políticamente al estado mexicano , sino que le dieron al documento la estructura de una parte orgánica y una parte dogmática en donde se reflejan tanto la división de poderes como los conceptos de soberanía, la forma de estado y de gobierno, la democracia como sistema de gobierno, la división o separación de poderes, así como de la responsabilidad oficial de los miembros de los supremos órganos del estado y por el otro nos habla de la protección al individuo y se consignan los derechos fundamentales de éstos que actualmente tenemos como las garantías de libertad, de legalidad, de seguridad jurídica y de propiedad, entre otros.
Pues bien, de esta suerte, conociendo las vicisitudes por las que tuvieron que pasar los constituyentes de Chilpancingo y de Apatzingán para poder promulgar ésta que es la primera Constitución del pueblo mexicano , arriesgando no solo sus propiedades (que eran bastantes), sino su seguridad y la de sus familias, pero básicamente su libertad y lo mas preciado que tenemos que es la vida, todo ello lo consagraron para darle a la nueva Patria el goce de la libertad (pues existía una ignominiosa esclavitud de trescientos años), así como el de la soberanía popular, la libre elección de sus gobernantes, pero con su concomitante responsabilidad en el manejo de la cosa pública, en suma la capacidad de goce y de ejercicio de una serie de derechos, antes inexistentes para nuestro pueblo y que eran impostergables para poder quitarse el yugo de la monarquía peninsular y poder así manejar nuestro propio destino
Sin embargo ese sueño creado por nuestros auténticos próceres, en solo doscientos años se ha diluido de una manera grave y peligrosa, la triste realidad nos enseña, cotidianamente, el deterioro que han sufrido nuestras instituciones merced al pésimo manejo de la cosa pública, a la falta de capacidad y responsabilidad social de nuestros “gobernantes”, a la improvisación y preferencia por los cuates de parte de quienes los designan, pero básica y fundamentalmente, por la execrable corrupción y su concomitante impunidad como la que da muestras nuestra actual y deteriorada estructura institucional. Corrupción galopante, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes ( incluso con estudios universitarios), hambre, desnutrición crónica, violencia y todo lo que ya sabemos y es público y notorio y como cerecita del pastel, la llamada delincuencia organizada. De quien se dice que ha penetrado a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, ya sea por miedo o por ambición.
Sin embargo no todo está perdido. Resultan vivificantes las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal cuando convoca a crear un frente contra la corrupción e impunidad (males endémicos de nuestra patria), exhortando a unir esfuerzos a favor del Estado de Derecho, llamando a los partidos políticos y a la sociedad a cambiar para fortalecer las instituciones, ya que no tienen que repetirse lo que nosotros llamamos los execrables hechos de Iguala.
Plausible, sí, pero eso no se da de la noche a la mañana, como si existieran las varitas mágicas de las hadas de los cuentos. Para ello es menester cambiar de fondo y de forma no solo las instituciones gubernamentales, sino seleccionar a las personas que se encarguen de su manejo, poniendo al frente de ellas a verdaderos entes con una formación ética respetable y una amplia responsabilidad social. Al respecto siempre hemos sostenido (ad nauseam) que de qué nos sirve tener excelentes leyes si los encargados de cumplirlas no lo hacen. Que para aplicarlas es menester que los sistemas de procuración e impartición de justicia tienen que depurarse y que quienes no lo hagan que reciban todo el peso de la ley. Así y solo así podremos tener los cambios que necesitamos y eso lleva años. O usted, legalista lector, ¿qué opina?
El 22 de Octubre retro- próximo celebramos en México el bicentenario de la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocido como la Constitución de Apatzingán, documento que sentó los pródromos del constitucionalismo mexicano ( por ser técnica y jurídicamente la primera Constitución Política de lo que sería una nueva nación o sea nuestro actual país, aun cuando por modestia los constituyentes se refirieron a ella diciendo que no era la Constitución permanente ), y que se formuló en Chilpancingo con base en algunas referencias anteriores pero fundamentalmente en los 23 puntos de los llamados Sentimientos de la Nación formulados por el insigne Don José Ma. Morelos y Pavón, que en 1813 convocó en dicha ciudad al Primer Congreso de Anáhuac, historia por todos conocida o que debería de serlo, ya que como mexicanos estamos obligados a saberlo.
Pues bien, en dicho documento los constituyentes de Apatzingán no solo crearon jurídica y políticamente al estado mexicano , sino que le dieron al documento la estructura de una parte orgánica y una parte dogmática en donde se reflejan tanto la división de poderes como los conceptos de soberanía, la forma de estado y de gobierno, la democracia como sistema de gobierno, la división o separación de poderes, así como de la responsabilidad oficial de los miembros de los supremos órganos del estado y por el otro nos habla de la protección al individuo y se consignan los derechos fundamentales de éstos que actualmente tenemos como las garantías de libertad, de legalidad, de seguridad jurídica y de propiedad, entre otros.
Pues bien, de esta suerte, conociendo las vicisitudes por las que tuvieron que pasar los constituyentes de Chilpancingo y de Apatzingán para poder promulgar ésta que es la primera Constitución del pueblo mexicano , arriesgando no solo sus propiedades (que eran bastantes), sino su seguridad y la de sus familias, pero básicamente su libertad y lo mas preciado que tenemos que es la vida, todo ello lo consagraron para darle a la nueva Patria el goce de la libertad (pues existía una ignominiosa esclavitud de trescientos años), así como el de la soberanía popular, la libre elección de sus gobernantes, pero con su concomitante responsabilidad en el manejo de la cosa pública, en suma la capacidad de goce y de ejercicio de una serie de derechos, antes inexistentes para nuestro pueblo y que eran impostergables para poder quitarse el yugo de la monarquía peninsular y poder así manejar nuestro propio destino
Sin embargo ese sueño creado por nuestros auténticos próceres, en solo doscientos años se ha diluido de una manera grave y peligrosa, la triste realidad nos enseña, cotidianamente, el deterioro que han sufrido nuestras instituciones merced al pésimo manejo de la cosa pública, a la falta de capacidad y responsabilidad social de nuestros “gobernantes”, a la improvisación y preferencia por los cuates de parte de quienes los designan, pero básica y fundamentalmente, por la execrable corrupción y su concomitante impunidad como la que da muestras nuestra actual y deteriorada estructura institucional. Corrupción galopante, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades para los jóvenes ( incluso con estudios universitarios), hambre, desnutrición crónica, violencia y todo lo que ya sabemos y es público y notorio y como cerecita del pastel, la llamada delincuencia organizada. De quien se dice que ha penetrado a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, ya sea por miedo o por ambición.
Sin embargo no todo está perdido. Resultan vivificantes las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal cuando convoca a crear un frente contra la corrupción e impunidad (males endémicos de nuestra patria), exhortando a unir esfuerzos a favor del Estado de Derecho, llamando a los partidos políticos y a la sociedad a cambiar para fortalecer las instituciones, ya que no tienen que repetirse lo que nosotros llamamos los execrables hechos de Iguala.
Plausible, sí, pero eso no se da de la noche a la mañana, como si existieran las varitas mágicas de las hadas de los cuentos. Para ello es menester cambiar de fondo y de forma no solo las instituciones gubernamentales, sino seleccionar a las personas que se encarguen de su manejo, poniendo al frente de ellas a verdaderos entes con una formación ética respetable y una amplia responsabilidad social. Al respecto siempre hemos sostenido (ad nauseam) que de qué nos sirve tener excelentes leyes si los encargados de cumplirlas no lo hacen. Que para aplicarlas es menester que los sistemas de procuración e impartición de justicia tienen que depurarse y que quienes no lo hagan que reciban todo el peso de la ley. Así y solo así podremos tener los cambios que necesitamos y eso lleva años. O usted, legalista lector, ¿qué opina?
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