El mundo caótico, alrevesado, turbio, lleno de problemas vitales como el de la contaminación ambiental, el calentamiento global del planeta y su cauda del deshielo de los polos, el aumento de la delincuencia, la hambruna que ya se padece en muchos países del orbe, sin eludir el hambre que ya existe en nuestro país en donde se señalan, cuando menos a 7 millones de habitantes, la escasez paulatina del agua, las guerras que va a producir, así como por los energéticos, entre otros, nos están llevando a encrucijadas en donde todo mundo aporta su granote de arena, para hacer cada vez mas complicadas las soluciones a tan ingentes problemas.
Ergo, es un clamor universal el que las acciones de la gente para solventar sus problemas individuales o colectivos, obtengan resultados consecuentes con la transparencia, la honradez, la veracidad, la eficiencia y la eficacia de la administración pública, así como de la procuración y administración de justicia.
Al respecto, en nuestros lares, aunado a todo ese panorama descrito, tenemos una violencia desatada de proporciones nunca vistas (salvo en el sexenio anterior) a tal grado graves que para solventarlas se han adoptado acciones como probables soluciones que, al parecer, resultó peor el remedio que la enfermedad.
Veamos. Es el caso que con el aumento de la actividad delictiva en el país pero circunscribiéndola al estado, aumento explicable (jamás justificable) a partir de las ganancias considerables que obtienen con el largo listado, de todos conocido, de delitos graves en contra de la vida, la libertad, la integridad física, la salud, entre otros, un largo etcétera, según nos reportan los medios, la población civil es la principal y directa víctima de tales delitos para cuyo resguardo y protección acuden a pedirlo a las autoridades creadas por ley ex profeso, dándose la penosa situación de que no les hacen caso o, lo que es peor, se ha publicado que la delincuencia ha penetrado y socavado a las autoridades, especialmente las policíacas, por lo cual se explica, en algunos casos, la ineficiencia e ineficacia de éstas (complicidad), por la corrupción, lo que ha obligado a las poblaciones rurales a fortalecer a sus policías comunitarios, que existen desde hace mucho y que han servido adecuadamente para su propósito de guardar el orden en sus comunidades
Por ello se han armado y detenido a los presuntos delincuentes, solo que queda una gran interrogante: si los malos de la película andan fuertemente armados y se atreven a enfrentarse al ejército y la armada, así como a la policía federal, ¿cómo es posible que campesinos con escopetas, resorteras, machetes o piedras se enfrenten a tales delincuentes? Y la respuesta sería que solo ataca a los delincuentes menores que al ver la impunidad en que se mueven las malos los imita, o los malos los apoyan para que impidan el acceso a las fuerzas del orden.
Por otro lado nos parece insólito que recién, elementos de la UPOEG reaccionaron al desarme de sus compañeros del SSJC, bloqueando carreteras de la Costa Chica y reteniendo a militares por mas de 30 horas así como a autoridades gubernamentales para finalmente acordar ser atendidos por el gobernador y autoridades federales en México, pactando que el ejército no incursionará en localidades del municipio de Tecoanapa, acusando, de paso, a los militares de torturadores y de detener a personas sin orden de aprehensión y de cateos sin ella, por lo cual la Coddehum reporta que por la inseguridad se han recibido mas quejas en contra de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y la Armada de México y de la policía municipal de Acapulco.
La otra interrogante es ¿ Hasta cuándo se va a aplicar la ley? Y no se trata de invocar al autoritarismo, ni de imponer la arbitrariedad, al contrario, se trata simple y llanamente de respetar al Derecho, cumplir con la ley, con verticalidad y justicia, para volver a tener confianza en las instituciones, si no entonces para qué se legisla, a pesar de algunos Congresos con diarrea legislativa.
O usted, estupefacto lector, ¿Qué opina?
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