Por el Lic. Francisco Reyes Baños

Director de Programación y Presupuesto de Centros Públicos de Investigación-Conacyt Subsecretaria de Egresos SHCP

Nota aclaratoria: El trabajo que presentamos a continuación es parte de un estudio de mayor extensión titulado “La política de ciencia y tecnología en el periodo 2001-2006. Un análisis descriptivo”, el cual en la actualidad, todavía está sujeto a correcciones.

Para acercarse convenientemente al análisis de cualquier política pública debe dejarse en claro, en primer lugar, la correlación entre la política pública y lo político. En este sentido, debemos delimitar que si bien ambas corresponden al poder social, la política pública trata de las soluciones específicas de los asuntos públicos, entendiendo como “Asuntos Públicos” los que son del interés común y que, por lo tanto, reclaman atención y recursos colectivos. Por su parte, la Política hace alusión directa y amplia al poder en general.

En este sentido, debemos establecer directamente la relación entre la política pública y la política, toda vez que la Política, en todo caso, busca acceder al poder y, desde ahí, ejecutar las acciones ofrecidas al electorado (en un marco democrático) para modificar las condiciones actuales a través, justamente, de políticas públicas.

Por lo tanto, la política busca afianzar desde el poder su capacidad de tomar decisiones en el plano de las actividades del sector público a través del diseño e implementación de políticas públicas específicas. La propuesta política por medio de políticas públicas puede sustentar la gobernabilidad social, y en ese contexto, una política pública carente de un sentido político supondría un error en su diseño [1].

En el consenso de la literatura en el tema, hay coincidencia en señalar que el diseño de las políticas públicas debe su origen, objetivo y explicación al componente político, y como tal, el acuerdo democrático propone la amplia participación social que valide el aspecto “público” de la política.

El hecho básico, en todo caso, es considerar que en las sociedades modernas y democráticas los ciudadanos son quienes en el acuerdo social depositan el poder político en sus gobernantes; por lo tanto, los ciudadanos se convierten en sujetos y autores de las decisiones políticas y pueden cuestionarse la correcta distribución de los recursos económicos y sociales entre los individuos. La base teórica de los principios de distribución debemos remitirla a los criterios sobre filosofía política; en este sentido, tenemos la concepción del óptimo de Pareto, en donde una versión simplificada del mismo sería el aceptar una situación alternativa siempre que signifique la mejora de unos y que no empeore la de otros, sin embargo, su carácter utilitarista limita la aplicación formal. Por otra parte, esta el principio de justicia de Rawls, quien en primer lugar supone el más extenso sistema de libertades básicas igualitarias para cada individuo en la sociedad, y un segundo principio, en donde las desigualdades han de ser estructuradas de tal suerte que exista un mayor beneficio para los menos aventajados así como una justa igualdad de oportunidades en los cargos y funciones asequibles a todos. Por lo tanto, Rawls propone una sociedad en que los arreglos sociales se basan en acuerdos que contarían con el consenso general si todos los individuos tuvieran oportunidad de aprobarlos [2].

Por todo lo anterior, la sociedad puede legítimamente considerar el evaluar la distribución de los recursos emanados de la cooperación social. Así mismo, es relevante considerar que tanto en el diseño como en el orden elegido para iniciar una política especifica implica una toma de postura ideológica, o bien una concepción específica de justicia social.

Por lo tanto, las políticas públicas necesariamente contienen en sí mismas una visión particular, una simplificación del problema, una postura ideológica y en consecuencia, un concepto de justicia distributiva. Esta concepción resulta importante ya que define la orientación de la política pública y, por lo tanto, dará lugar desde la política con la influencia necesaria hacia la decisión social.

Es bajo estos argumentos que considero conveniente enmarcar el análisis de la política de ciencia y tecnología (CYT), a la luz del diseño de la misma y del planteamiento de justicia distributiva implícito. En otras palabras, descifrar íntimamente el sustento de la política en CYT, tratando de tener una visión objetiva, ello significa analizar si dentro del concepto de justicia distributiva fue posible armonizar la visión particular de los “policy maker” en la materia, con el conjunto mayor representado por el universo de la política y las políticas públicas gestadas en la administración.

Si bien a lo largo de la presente administración la voz de los intelectuales ha reclamado insistentemente la necesidad de brindarle a la CyT la oportunidad de revertir la caída en la productividad nacional y, bajo ese argumento, se defendió y definió la necesidad de redoblar esfuerzos a fin de sustentar las estrategias propuestas; lo cierto es que también, hay una suerte de vacío en términos de documentar si las condiciones (económicas y políticas) fueron consistentes para lograrlo.

No se cuestiona la necesidad del crecimiento económico para alcanzar mejores niveles en el bienestar de la población, sin embargo, el análisis de los términos sobre los cuales se debe proponer una estrategia adecuada para propiciar un desarrollo en base a la CyT para el caso de México parece ser un tema que solo se ha quedado a nivel de una exigencia de los sectores involucrados en el tema, sin llegar plenamente a la discusión y al debate en un sentido más amplio.

Para el caso que nos ocupa, queda claro que las metas originalmente planteadas por el programa para la CyT no fueron alcanzadas (ver Anexo al final del texto), más aún, queda la interrogante de cuáles serían de hecho los alcances reales de la misma; no obstante, la evaluación y el impacto de la política si bien es un hecho relevante de analizar, en particular para este análisis se considera que el planteamiento de origen quedó supeditado a una concurrencia de financiamientos (tanto públicos como privados) que de acuerdo a los propios reportes del CONACYT ni remotamente alcanzaron los niveles deseables, pero es precisamente este el punto a discusión, es decir, ¿falló la estrategia de la propia política o fueron factores externos a la misma los que determinaron sus limitados alcances?


(Haz clic sobre este cuadro para ampliarlo)

Desde este punto de vista, sería de esperar que la política en materia de ciencia y tecnología por la naturaleza de su importancia para generar riqueza y por lo tanto bienestar en la población fuera defendible en el marco de la asignación de los limitados recursos presupuestarios, sin embargo, no sucedió y es de nuestro interés determinar cuales fueron los obstáculos que intervinieron y plantear estrategias con mayor oportunidad de realización para que en el futuro estas sirvan de soporte para la aplicación sustentable de la misma.

El punto en cuestión es que una estrategia de política pública dirigida a promover el incremento de la productividad nacional (a través del componente de CyT), y con ello elevar el nivel de bienestar de la población, sustentada únicamente en el elemento de la legalidad, y con ello quiero decir que la propuesta en su conjunto, es decir, el diagnóstico, el diseño y la implementación de la política, únicamente se sustentó en alcanzar una viabilidad a través de las bases jurídicas creadas ex profeso, y no sobre bases de análisis técnico y de un adecuado tratamiento político; mismas que, en mi opinión, son determinantes en el limitado alcance de la política en CyT en la administración 2001-2006.

En este sentido, es necesario someter a verificación tanto el diseño como los elementos de implementación y los niveles de financiamiento disponibles, a fin de sustentar tales afirmaciones.

(Haz clic sobre este cuadro para ampliarlo)


Notas

[1] Lahera, Eugenio (2004), Política y políticas públicas. Chile-Cepal
[2] Rawls, John (2004), Teoría de la Justicia, FCE, 5ª reimp. México.


Lecturas recomendadas

Bazdresch Parada, Carlos y David Romo Murillo (2005), “El impacto de la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo de México", Documentos de trabajo en ciencia y tecnología, CIDE, México.

Bracho, Teresa (2002), “Desigualdad social y educación en México. Una perspectiva sociológica”, EDUCAR, Revista del Departamento de Pedagogía Aplicada. Universidad Autónoma de Barcelona, España, No.29

Comité Técnico para la medición de la pobreza. “Medición de la pobreza variantes metodológicas y estimación preliminar”, en Miguel Székely (coordinador) Números que mueven al mundo: la medición de la pobreza en México, SEDESOL/CIDE/ANUIES/M.A. PRRÜA. México, 2005.

Esquivel Leáutaud, Jimena; Gemma Jiménez O´farrill Tirado y Beatriz Dávila Alva (2003), Esquema del sistema canadiense en ciencia y tecnología breve descripción político social de Canadá, Centro Latinoamericano de la Globalización (www.celag.edu.mx/estsistemacytcanada.pdf)

Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología 2005, CONACYT, México.

Ley de Ciencia y Tecnología, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2002

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2002

López Cerezo José, José Mendez Sanz y Oliver Todt (1998), Participación Pública en Política Tecnológica. Problemas y Perspectivas, Revista Arbor, CLIX, Organización de Estados Iberoamericanos, Sala de lectura CTS+I.

Morales Z. Miguel A. (1998), Políticas Públicas en ciencia y tecnología (una opción de reingeniería democrática), en Revista Enlace, no.50, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C., México.

Programa Especial de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial de la Federación, 12 de Diciembre de 2002



El contenido plasmado en este blog es producto de la reflexión de su autor, de sus colaboradores y de los pensadores que en él se citan. Cualquier semejanza con la realidad o alguna ficcón literaria, televisiva, psicótica paranoide o de cualquier otra índole es mera coincidencia

Periplos en red busca crear espacios intelectuales donde los universitarios y académicos expresen sus inquietudes en torno a diferentes temas, motivo por el cual, las opiniones e ideas que expresan los autores no reflejan necesariamente las de Periplos en red , porque son responsabilidad de quienes colaboran para el blog escribiendo sus artículos.



Periplos en Red

Grab this Headline Animator

 
Ir Abajo Ir Arriba