De la privacidad…

Por el Mtro. Rodrigo Juárez Ortiz

Una de las aspiraciones humanas más deseadas, amén de la libertad y el respeto a la vida y a la integridad corporal, lo es la privacidad, incluso se ha elevado a rango constitucional en materia de comunicación ya que la entendemos como un derecho de los individuos a salvaguardar su intimidad, especialmente sobre los datos relativos a ellos mismos, los cuales, están a disposición de las entidades públicas o privadas.

En este contexto resulta evidente que cualquier acción de parte de los gobernantes que conculque este derecho elemental y básico de los gobernados, implicaría actos autocráticos y, obviamente, antidemocráticos.

También es cierto que no en aras del respeto a la privacidad se permita el que delincuentes, organizados o no, hagan de las suyas socavando las estructuras jurídicas del Estado, así como la paz y tranquilidad de la sociedad, que son elementos necesarios para el progreso y la consecución de los fines que ésta se proponga.

Se han cometido excesos a nombre de los derechos fundamentales como el de expresión, como el de la publicación de las ideas, como el de reunión o como el de petición del que se ha abusado, ad nauseam, en los últimos tiempos en nuestras comunidades.

Lo anterior refleja la necesidad insoslayable de regular, de reglamentar, cualquier acción tendente al ataque frontal y efectivo en contra del crimen organizado, el cual se ha venido enseñoreando, cada vez más en nuestro medio, a grado tal, que ya ha penetrado no sólo a los cuerpos policíacos de los tres ordenes de gobierno en el país, sino también en el apoyo directo a políticos que ostentan puestos de elección popular, como se ha denunciado en los medios, recientemente.

Resulta pues sumamente interesante, pero además preocupante, el planteamiento que se hace en el “Programa Sectorial de Procuración de Justicia de la PGR ( 2007-2012)” en virtud del cual se plantea que se amplíe el trabajo de inteligencia a los tres ordenes de Gobierno federal, estatal y municipal e incluso, ojo, a actores privados de la sociedad civil y empresarial, sin perjuicio de fortalecer la cooperación internacional en este rubro con las agencias estadounidenses (¡Me doy!), que en su momento les permitan allegarse de información vital que desquebrajen las estructuras del crimen organizado, así como prevenir el ingreso de actores terroristas al territorio nacional.

Sin perjuicio de ello, proponen un plan de 5 líneas de acción entre los cuales está el de “promover las reformas legales necesarias para actualizar el marco de actuación del Estado mexicano en materia de procuración de justicia y en participar en aspectos que permitan mejorar el desempeño a nivel internacional”.

Es obvio que si atendemos a los postulados del Plan Mérida que han propalado en Estados Unidos y que implica la utilización de fondos para la guerra del presupuesto de Estados Unidos y que el congreso estadounidense ha pospuesto su aprobación y que implica, además, que México complemente con varios millones de dólares, en el afán de pagar tecnología que va a imponer Estados Unidos para luchar contra un supuesto terrorismo aquí y así defender sus fronteras, nos encontramos ante un mecanismo evidente de penetración de agentes, de mercenarios, y de policías estadounidenses en nuestro territorio, pero de compañías que participaron en la invasión de Irak y que ante la inminencia de ser retiradas las tropas invasoras de ese país y que nunca se demostró la mentira propalada por Estados Unidos para invadirlo, ahora ya previendo su desocupación, se enfilan hacia México para cobrarnos sus servicios e ir consolidando su muy avanzada penetración, siempre en aras de nuestros energéticos como son el petróleo, la electricidad y nuestros recursos acuíferos; estos últimos que serán el motivo de las disputas sin fin de los próximos años.

De esta suerte ya sólo nos faltaba de adecuar nuestra legislación a tan obvias pretensiones aún cuando, lamentablemente, se disfracen de acciones binacionales o multinacionales para combatir a la delincuencia organizada, que si bien es cierto es un imperativo ineludible y urgente, también hay que considerar la protección inalienable de la privacidad de las personas en el seno de una sociedad democrática y un régimen jurídico como el que debemos de vivir.

El que civiles, empresas privadas y organismos estaduales proporcionen informaciones, o en el peor de los casos, intervengan conversaciones por todo tipo de sistemas, invadiendo la privacidad de las personas, es un serio implemento que debe de manejarse también con patriotismo, porque atenta contra la seguridad nacional como se propone al proporcionar estos datos a otro país y que un Estado no puede tener un entreguismo hacia otro Estado sin cuidar las normas tuitivas de sus nacionales.

El asunto es de pensarse. El patriotismo y la individualidad están por encima de cualquier entidad o gobierno. Hay que evitar que se conculquen nuestros derechos fundamentales. Nuestras luchas históricas por lograrlo se lo merecen. O usted, aguzado lector ¿Qué opina?