De la legitimidad…

Por el Mtro. Rodrigo Juárez Ortiz

Se nos habla constantemente de legalidad y de legitimidad. Para muchos, la connotación etimológica no dista mucho de la connotación semántica, lo que acarrea confusión, mala interpretación y desorden de ideas y conceptos.

Como un ejemplo, se usa el decir que el titular del Ejecutivo Federal en nuestro país es legal porque de acuerdo a la normatividad aplicable en materia electoral, cumple con los requisitos de ley, pero no es legítimo porque no fue electo por la mayoría del pueblo mexicano, ni siquiera del padrón de votantes registrados, dándose con ello que la tercera parte de dicho padrón votó por él, la otra tercera parte votó por otro candidato y la última tercera parte no votó, lo cual lo hace un presidente legal, pero no legítimo porque el organismo que calificó la elección, le concedió la mayoría de votos, lo cual en una democracia, es suficiente para acceder al poder.

De esta guisa, de acuerdo con el diccionario, legítimo es: hecho o establecido conforme al derecho; justo, lícito; auténtico, verdadero; y legitimar, significa certificar o probar la verdad de una cosa o la calidad de una persona o cosa conforme a las leyes.

A su vez, legal quiere decir: relativo a la ley, relativo a la justicia. En ambos casos pues, estamos frente a un contenido de tipo legal y sustentado en la fuerza de la ley, No hay, pues, para donde correr. El significado es claro.

Desde luego que la connotación semántica que se le ha dado a la legitimación está prevaleciendo en nuestro ambiente político.

Ahora bien, recién tuvimos elecciones en el estado de Guerrero y, obviamente, en Acapulco.

Las autoridades electorales, legítimamente constituidas le han extendido constancia de mayoría al candidato de la coalición PRI- PT , razón por la cual, el Dr. Manuel Añorve Baños está realizando el ejercicio político consecuente con su calidad de contendiente triunfador, no solo recorriendo las localidades para agradecer el apoyo que le brindaron con su voto, sino tendiendo los puentes con otros actores políticos para poder gobernar a nuestro municipio en aras de una mejor condición para nuestra colectividad.

No obstante, se han dejado sentir muchas voces en el sentido de que estas elecciones estuvieron plagadas de irregularidades que le quitan certidumbre al triunfo, de tal suerte que antes de vencerse el plazo legal para ello, los partidos políticos P.R.D., P.C., P.S.D. y el llamdo Panal, no están de acuerdo con los resultados electorales en Acapulco, de ahí que piden a la autoridad competente que se anule dicha elección.

Desde luego que estos partidos políticos tienen el derecho para impugnar los votos, las casillas o la elección misma siempre y cuando cuenten con las pruebas suficientes y contundentes de que los votos obtenidos por quien triunfó fueron obtenidos con artimañas, trucos, delitos y toda la serie de conductas que las leyes electorales no permiten, sin perjuicio de que se pruebe, también, de que estas acciones influyeron de una manera decisiva en dicho triunfo y en qué medida.

Todos sabemos que las elecciones se ganan con votos. Pero también sabemos que los votos deben obtenerse de acuerdo a los procedimientos autorizados por la ley y su infracción amerita dictar el derecho ante los órganos que corresponda.

En México tenemos las elecciones más caras del mundo, lo hemos dicho, así como también de que es el precio que tenemos que pagar por la desconfianza.

Sin embargo, la corrupción que se dio en el pasado queremos abatirla y depurar nuestros procedimientos de tal suerte que no se tengan que ganar las elecciones en los órganos jurisdiccionales, por eso se ciudadanizó la organización y el procedimiento, alejado de la influencia de quien detenta el poder.

Se hacen acusaciones recíprocas todos los partidos por cuanto a las anomalías cometidas. Surge nuevamente la desconfianza. Sin embargo ya hay un ganador y mientras no se demuestre lo contrario, debemos confiar en nuestras instituciones y en sus procedimientos. Caso contrario caeremos en la anarquía, lo cual no es nada deseable, por el grave retroceso que implicaría. Debemos pugnar por el respeto y el imperio de la Ley. O usted, legalista lector, ¿qué opina?