Por el Mtro. Rodrigo Juárez Ortiz
Hasta la saciedad hemos evidenciado la incongruencia que demuestra la actitud hipócrita de los E.U.A., los así autoproclamados “paladines de la libertad, los defensores de los derechos humanos, los garantes de la democracia” ante el mundo entero, con la realidad de ser un país agresor, belicoso, imperialista, que lo convierte en el “bravucón del barrio”, con sus actitudes agresivas, siempre en pos de sus beneficios y en “defensa” de sus intereses.
Históricamente es un hecho incontrovertible que en su afán expansionista ha provocado e, incluso, ha inventado pretextos para participar, iniciar y desatar guerras en contra de los países que de alguna manera no se sujetan a sus exigencias.
También hemos dicho que el derecho es y debe de ser la formula eficaz y eficiente, de los países civilizados, para lograr la convivencia social, para dirimir controversias de toda índole, así como para lograr el bien común en beneficio de la sociedad.
De esta guisa también hemos insistido en que mientras no se depuren los mecanismos de procuración y administración de justicia, no sólo en nuestro país sino en los demás países del orbe, resultan nugatorias e inútiles las penas pretendidamente “ejemplares”, habida cuenta de que, merced a la corrupción, a la xenofobia, al racismo, y demás execrables ismos, que alimentan la vanidad de los poderosos, no se podrán imponer penas que excedan las posibilidades humanas estando de por medio los dos grandes valores de la humanidad: la libertad y la vida.
Causa náusea, en consecuencia, enterarse que la Suprema Corte de Justicia de los E.U.A, en una reciente resolución, aprobada por seis votos a favor y tres en contra, negó a cincuenta y un mexicanos sentenciados a la pena de muerte, la revisión de sus sentencias como ordenó la Corte Internacional de Justicia, con el argumento de que ni el presidente de ese país puede obligar a las Cortes de los Estados de la Unión a cumplir los mandatos y protocolos definidos en acuerdos internacionales, como la famosa convención de Viena y la propia Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Al respecto vale recordar que la CIJ ordenó a los E.U.A que se revisaran en las Cortes estatales los casos de los 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, con el argumento de que los gobiernos estatales que los juzgaron y sentenciaron, ignoraron los derechos consulares internacionales a los que tenían derecho dichos mexicanos.
En este fallo dicho supremo tribunal aduce que ni la CIJ ni el memorandum del Presidente de los E.U.A a la Corte Criminal de Apelaciones del Estado de Texas en marzo de 2005 para abordar el caso de Medellín, son suficientes para ello (ya sabemos que el tribunal texano rechazó el pedido presidencial, lo que motivó que se apelara a la Suprema Corte de Justicia de esa nación, por parte de los abogados defensores).
Vale puntualizar el criterio de la Corte, que dice: “Aún cuando un tratado pueda constituir un compromiso internacional, no es obligatorio para las leyes nacionales a menos que el Congreso promulgue los Estatutos para instrumentar el Tratado, o que éste mismo exprese una intención que se aplicara por sí solo y que sea ratificado sobre estas bases”, es decir, que los compromisos internacionales signados por el titular del ejecutivo de los E.U.A tienen el mismo efecto que si fueran firmados sobre una barra de hielo. ¡Me doy!
Históricamente está comprobado que la pena de muerte no es ni será jamás una pena ejemplar (ya que en los países donde se impone, como en los E.U.A, se siguen cometiendo atrocidades por parte de sus nacionales). Cuando estas sentencias están cargadas de xenofobia y racismo, con más razón se hacen obsoletas , inútiles y, por demás, crueles y más si a los supuestos infractores no se les conceden los derechos mínimos que están garantizados en todas las naciones civilizadas del orbe, lo que evidencia la gran incongruencia, una vez más, entre los brutales abusos de poder del imperio, con la hipócrita y falaz autodesignación que se hacen como los defensores de los derechos elementales de los seres humanos. ¡No se vale!
Sin embargo, la conjunción de países, como ahora en Sudamérica, en la casi totalidad de Europa y en otras partes del mundo, en aras de una defensa común para aprovechar sus recursos y beneficiar a sus pueblos, es totalmente plausible. O usted, justo lector, ¿Qué opina?
También hemos dicho que el derecho es y debe de ser la formula eficaz y eficiente, de los países civilizados, para lograr la convivencia social, para dirimir controversias de toda índole, así como para lograr el bien común en beneficio de la sociedad.
De esta guisa también hemos insistido en que mientras no se depuren los mecanismos de procuración y administración de justicia, no sólo en nuestro país sino en los demás países del orbe, resultan nugatorias e inútiles las penas pretendidamente “ejemplares”, habida cuenta de que, merced a la corrupción, a la xenofobia, al racismo, y demás execrables ismos, que alimentan la vanidad de los poderosos, no se podrán imponer penas que excedan las posibilidades humanas estando de por medio los dos grandes valores de la humanidad: la libertad y la vida.
Causa náusea, en consecuencia, enterarse que la Suprema Corte de Justicia de los E.U.A, en una reciente resolución, aprobada por seis votos a favor y tres en contra, negó a cincuenta y un mexicanos sentenciados a la pena de muerte, la revisión de sus sentencias como ordenó la Corte Internacional de Justicia, con el argumento de que ni el presidente de ese país puede obligar a las Cortes de los Estados de la Unión a cumplir los mandatos y protocolos definidos en acuerdos internacionales, como la famosa convención de Viena y la propia Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Al respecto vale recordar que la CIJ ordenó a los E.U.A que se revisaran en las Cortes estatales los casos de los 51 mexicanos sentenciados a la pena de muerte, con el argumento de que los gobiernos estatales que los juzgaron y sentenciaron, ignoraron los derechos consulares internacionales a los que tenían derecho dichos mexicanos.
En este fallo dicho supremo tribunal aduce que ni la CIJ ni el memorandum del Presidente de los E.U.A a la Corte Criminal de Apelaciones del Estado de Texas en marzo de 2005 para abordar el caso de Medellín, son suficientes para ello (ya sabemos que el tribunal texano rechazó el pedido presidencial, lo que motivó que se apelara a la Suprema Corte de Justicia de esa nación, por parte de los abogados defensores).
Vale puntualizar el criterio de la Corte, que dice: “Aún cuando un tratado pueda constituir un compromiso internacional, no es obligatorio para las leyes nacionales a menos que el Congreso promulgue los Estatutos para instrumentar el Tratado, o que éste mismo exprese una intención que se aplicara por sí solo y que sea ratificado sobre estas bases”, es decir, que los compromisos internacionales signados por el titular del ejecutivo de los E.U.A tienen el mismo efecto que si fueran firmados sobre una barra de hielo. ¡Me doy!
Históricamente está comprobado que la pena de muerte no es ni será jamás una pena ejemplar (ya que en los países donde se impone, como en los E.U.A, se siguen cometiendo atrocidades por parte de sus nacionales). Cuando estas sentencias están cargadas de xenofobia y racismo, con más razón se hacen obsoletas , inútiles y, por demás, crueles y más si a los supuestos infractores no se les conceden los derechos mínimos que están garantizados en todas las naciones civilizadas del orbe, lo que evidencia la gran incongruencia, una vez más, entre los brutales abusos de poder del imperio, con la hipócrita y falaz autodesignación que se hacen como los defensores de los derechos elementales de los seres humanos. ¡No se vale!
Sin embargo, la conjunción de países, como ahora en Sudamérica, en la casi totalidad de Europa y en otras partes del mundo, en aras de una defensa común para aprovechar sus recursos y beneficiar a sus pueblos, es totalmente plausible. O usted, justo lector, ¿Qué opina?
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