La delincuencia y el doble lenguaje

Por el Ing. Sergio Amaya Santamaría

Es imposible negar los enormes niveles que ha alcanzado la delincuencia en nuestro País. Una rama de ésta, muy alentada por los propios ciudadanos, es la piratería; tal vez mucho tenga que ver la economía nacional en el problema, pero eso sería tema para otra ocasión.

Queremos abordar este asunto desde sus orígenes y que cada sector de la sociedad enfrente sus propias responsabilidades.

Ya anotamos que en el caso de la piratería interviene la demanda en la proliferación de la oferta, pero el meollo del asunto es que, por los niveles que tiene esta forma de delincuencia, se nota de forma evidente la corrupción que la protege. El asunto es que la piratería está en nuestro país, en todas nuestras ciudades, colocándonos en los deshonrosos primeros lugares de la piratería mundial. El asunto está en saber cómo pasan las aduanas; de siempre se ha sabido que las aduanas son una fuente inagotable de riquezas para los afortunados administradores; desde luego que no es creíble que la corrupción sólo impere entre los vistas aduanales, ésta es la parte visible del iceberg. Cuando se sorprende a alguno en flagrante corrupción, simplemente se le traslada a otra aduana, o si el escándalo es mayor, se le despide e inhabilita para desempeñar cargos públicos por algunos años. Pero el dinero de la corrupción es como el agua para el árbol, tiene la capacidad y, yo diría que la obligación, de permear por capilaridad hasta las ramas más altas del árbol. La delincuencia en las aduanas debería ser un asunto de seguridad nacional, pues lo mismo pasan ropa (nueva o usada), calzado, juguetes, aparatos electrónicos y otras muchas cosas que perjudican a la industria nacional, como armas, municiones y drogas, que son ya un verdadero escándalo y fuente de preocupación para los ciudadanos pacíficos. El tráfico de drogas es el cáncer de nuestros tiempos y los responsables de vigilar nuestras aduanas, simplemente, voltean hacia otro lado cuando ello es conveniente.

Hace muchos años, unos treinta y cuatro digamos, el entonces Presidente López Portillo, que en aquellos tiempos parecía ser emperador y dueño de México, nombró como Jefe de la policía del Distrito Federal (y además lo hizo “general”) a un destacado delincuente: Arturo Durazo Moreno, incrementándose la delincuencia justamente a partir de ese momento. Antes de él ya existía el “moche”, es decir, la cuota que cada elemento de tránsito o policía debía entregar a su inmediato superior, tasándose dicha cuota según el valor del crucero o avenida a que fuese asignado cada elemento. Este sistema también imperaba para los administrativos, pues en cada ventanilla para atención al público había que ir dejando la consabida “mordida”, a fin de obtener un rápido resultado para nuestras gestiones.

Cuentan, los que lo vivieron de cerca, que al llamado Negro Durazo había que entregarle diariamente una buena cantidad de centenarios de oro y, no dudo que sea verdad pues, ¿de dónde amasó tan aberrante fortuna que le permitió hacer obras como el llamado “Partenón” en Zihuatanejo y varias otras propiedades en diversos sitios?

También es sabido desde hace mucho tiempo que, las diferentes policías que hemos padecido atrapaban delincuentes y, después de aleccionarlos, los dejaban en libertad para que trabajasen para ellos.

El asunto del ambulantaje, sin querer involucrar a los comerciantes que en su gran mayoría son gente de bien, se ha incrementado a lo largo del tiempo por un vicio de “clientelismo” de los partidos políticos, que ha dado lugar al encumbramiento de truculentos personajes de nuestro mundo político, haciendo más ancha la banda de la delincuencia.

Con el correr de los años estas organizaciones delincuenciales se han fortalecido, convirtiéndose aquel pequeño ente en el enorme monstruo a quien ahora quieren derrotar, pero que, cual moderna Gorgona, le renacen las cabezas que le cortan. Pero me pregunto, ¿realmente quieren acabar con ellos? Pues con esa enorme capacidad mimética que tiene la delincuencia a veces los vemos como auténticos maleantes, otras veces como esforzados policías y ocasionalmente como cumplidos funcionarios.

Resulta sospechoso que, siempre que hay “operativos”, nunca o casi nunca hay detenidos, pues con toda seguridad son avisados a tiempo y la mercancía que se decomisa tal vez sea reciclada al mercado ilegal, previo pago de la cuota convenida, moderna cara de la “mordida”.

Dícese en los corrillos de Ciudad Juárez, sotto voce, que el famoso operativo Chihuahua busca sólo la substitución de Capo por otro, más cooperativo y fiel. Este sería el pago de un compromiso contraído en tiempos electorales.

Toda esta reflexión viene a cuento cuando nos enteramos que una banda de secuestradores, encabezada por un comandante de la policía judicial del Distrito Federal, mediante un retén policiaco ilegal, secuestró a un niño y dio muerte a sus custodios (uno de ellos no murió y fue quien propició el esclarecimiento de este ilícito); posteriormente, y no obstante haberse pagado el rescate, asesinaron al niño.

Me pregunto: la gente común, de a pie, que no tiene custodios, pero que igual es despojada de sus magros ingresos por un policía y su pareja, uniformados o no, ¿Quién levantará la voz por nosotros? Hace algunos años hubo en el Distrito Federal un linchamiento de policías judiciales, ¿espera el gobierno que el pueblo tome la justicia por su propia mano? Ya es tiempo de que autoridades, legisladores, policías y jueces, hagan su trabajo a favor de la sociedad, no esperen a que Juan Pueblo despierte y enarbole la bandera de la justicia.

Basta ya de dobles discursos, de una justicia polifacética: “yo tengo la justicia y les muestro el rostro que me conviene”.

El día de hoy me enteré que el jefe de gobierno del Distrito Federal desapareció de un plumazo a la policía judicial del Distrito Federal. Antes delinquían con charola, ahora lo seguirán haciendo, aunque sin charola. Como en todo, habrán pagado justos por pecadores, pues no dudamos que en ese cuerpo haya gente decente. Al tiempo, estimados ciudadanos, veremos que resulta de esa absurda y visceral decisión.

Agosto 12, 2008 - Ciudad Juárez, Chihuahua.