De la incertidumbre...

Por el Mtro. Rodrigo Juárez Ortiz

Si la incertidumbre es la falta de certidumbre, ésta es la certeza o certitud, es decir, la certidumbre es el conocimiento seguro, claro y evidente de las cosas.

Para el diario deambular de nuestra vida somos educados o entrenados para realizar todas las acciones tendentes a la consecución de nuestros objetivos propuestos para el desarrollo pleno de nuestras facultades, de nuestra realización como seres humanos, basados en la planeación y ejecución de dichos objetivos, los cuales pueden ser de diversa índole, con el acento en aquellas preferencias de cada quien y en los diferentes niveles de desempeño, también de cada quien.

La falta de certidumbre propicia y fomenta el temor, la inseguridad, el titubeo, el debilitamiento de la confianza en nosotros mismos y en los demás. Lo que acarrea caos, desorden y, en caso de las relaciones entre gobernantes y gobernados, anarquía, descomposición social y política, en fin, un total desorden.

Para resolver y, en su caso, equilibrar el tejido y la interrelación social, en todas sus manifestaciones, el ser humano a creado al Derecho, como un instrumento para resolver controversias entre las partes en un afán de equidad y de equilibrio, siempre buscando los valores del Derecho, a saber: la Justicia, el Bien Común y la Seguridad Jurídica.

Y es precisamente la falta de esta última, la que nos produce la incertidumbre.

En efecto, recién los medios nos proporcionan los hechos suscitados en los estados de Morelos, Michoacán y Nuevo León, de todos conocidos, en virtud de la detención de servidores públicos, aparentemente vinculados con el crimen organizado.

Sería ocioso insistir, por sabido, en que todos los mexicanos deseamos, fervientemente, el acabar con la zozobra, con el temor, con la inseguridad que producen las actividades delictivas manifestadas mayoritariamente en los secuestros y en el tráfico de drogas, con todas las implicaciones que ello conlleva.

Sin embargo, no podemos soslayar que el llamado crimen organizado opera en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en contra de quien sea y, en la mayoría de los casos, lo hace con una impunidad total. En cambio la autoridad, los organismos encargados de combatirlo, siempre deben de hacerlo cumpliendo las formalidades que la ley exige y que es producto de las luchas intestinas en nuestra patria por lograr un estado de leyes, de normas jurídicas en donde se protejan los más caros derechos del hombre otorgados por las mismas normas. En ese sentido, las organizaciones estaduales están en franca desventaja, como es obvio el resultado que hasta ahora están arrojando las estadísticas manejadas en la reciente XXVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Y en el seno de dicha reunión, salió a colación la justificada protesta del gobernador de Michoacán por la incursión de las fuerzas federales al Palacio de Gobierno de dicha entidad, sin aviso previo (no olvidar que en parecida maniobra sí se le avisó al gobernador panista de Morelos), en franca violación al pacto federal y sin órdenes de cateo, ni de aprehensión dictadas por la autoridad competente y lo mismo sucedió con la detención y traslado de presidentes Municipales a la ciudad de México, bajo la sospecha de estar involucrados en operaciones delictivas.

El problema es que se conculcaron garantías individuales, se violó la norma Constitucional, se violó el pacto federal, en fin se actuó en situación de hecho y no de derecho, ya que ahora se les tiene arraigados para tener elementos para integrar una averiguación, pues de haberla tenido ya estarían sujetos a proceso y, en el término constitucional, se tendría que resolver por el juez penal competente, lo que obliga a concluir que ahora, con los gobiernos del “cambio”, se detiene para investigar y no se investiga para detener. Y obliga a pensar en un espectáculo electorero.

Eso nos lleva a insistir en que se deben reforzar y mejorar los trabajos de inteligencia de los órganos estaduales, pues los casos que nos reportan los medios sobre detenciones y golpes al narco y secuestradores, se deben a denuncias, soplos y pitazos anónimos, lo que corrobora el titular del Ejecutivo Federal cuando dijo en dicha sesión que: “…la denuncia ciudadana, ha sido clave para capturas de peligrosas bandas criminales, secuestradores, narcotraficantes y otros delincuentes”.

Los delincuentes que paguen por sus delitos, pero todos tenemos que someternos al imperio de la ley. El fin no justifica los medios, el fin los condiciona. O usted, legalista lector, ¿qué opina?