Por el Mtro. Rodrigo Juárez Ortiz
Todos los países tienen el legítimo derecho a formular el marco jurídico que los rige y que sirva como el instrumento idóneo para dirimir las controversias entre las partes, en su fuero interno y entre las naciones en su fuero externo.
Es por demás obvio, que no siempre los centros de imputación normativa (personas jurídicas), son respetuosos de las normas, lo cual les trae aparejada una sanción, aun cuando se den casos de que por razón de la fuerza o el poder económico de una de las partes, se infrinja la norma y no se dé la consecuencia jurídica que implica una sanción la cual, a su vez, puede significar un premio o un castigo, en su caso.
En la especie, es de todos sabida la intromisión que en todos los países del mundo, en diferentes épocas, pero con la misma constancia, han perpetrado los EUA. en aras de comprar (o despojar) de materias primas al país que se deje, y vender sus productos elaborados con el valor agregado correspondiente, siempre bajo sus condiciones, ya sea pactadas o, las mas de las veces, impuestas por las presiones que ejercen, ya sea económicas, políticas, militares, etc.
Es el caso que a partir de la llamada Iniciativa Mérida, los EUA. se comprometieron a proporcionar algunos millones de dólares para apoyarnos en la lucha contra el narcotráfico, (actualmente el presidente estadounidense solicitó 310 millones de dólares al Congreso de su país, para seguir financiando a esta iniciativa), solamente que no proporcionarán efectivo, sino armamento, vehículos militares y capacitación a nuestras fuerzas armadas, con sus instructores, claro está.
En tal virtud, en una audiencia ante el Subcomité de Derechos Humanos del Comité Judicial de la Cámara de Senadores, el Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y la Aplicación de la Ley dijo que “…se necesitan avances en la transparencia del sistema judicial militar, para que el público con mayor claridad sea testigo de que se aplique la justicia”, ello en alusión a que hace falta esta transparencia en México para abordar el tema de las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen los soldados bajo la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El senador demócrata que presidió la sesión, en donde se resaltó el tema de la violación a los derechos humanos como ya lo asentamos, también dijo que: “Las violaciones a los derechos humanos socavan los esfuerzos para combatir al tráfico de drogas y al crimen organizado”.
Esto nos lleva a concluir, una vez mas, de la permanente intromisión en nuestros asuntos internos, ya que condicionan los apoyos, al seguimiento de sus directrices, siempre bajo sus condiciones, pero al margen de estar o no en su derecho ni que sea su dinero, pues se les va a pagar, sí queda claro la forma ingerencista de sus actitudes hacia México.
Todo ello viene a colación porque, coincidentemente, la Cámara de Diputados de nuestro país, actuando como Cámara Revisora tiene en estudio la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Senado ampliamente discutida y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, aduce que por tratarse de un tema de seguridad nacional, no puede exponerse a que limite, exceda o pueda ser omisa en algunas facultades jurisdiccionales del Estado mexicano y otro miembro de dicha Comisión, advirtió que “…que no se eliminará el fuero castrense, pero tenemos que revisarla con el ánimo de obsequiar una ley de seguridad nacional acorde con las necesidades de los nuevos tiempos…”. Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se ha manifestado: “… desde un principio por el hecho de que las fuerzas armadas solo participen en tareas de colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en materia de seguridad. Las fuerzas armadas no están diseñadas para hacer labores de seguridad pública e involucrarlas va a ocasionar un fuerte desprestigio.”
En suma se trata de darle a las fuerzas armadas los soportes jurídicos para cumplir con labores de policía, que no es su función ni tampoco están preparadas para tal efecto, razón por la cual debe ponderarse adecuadamente tal reforma para bien de la comunidad, de las instituciones y de la paz social.
Pero acorde con nuestras leyes y nuestras realidades y no como resultado de la ingerencia extranjera en nuestras decisiones. O usted, perspicaz lector, ¿qué opina?
Todos los países tienen el legítimo derecho a formular el marco jurídico que los rige y que sirva como el instrumento idóneo para dirimir las controversias entre las partes, en su fuero interno y entre las naciones en su fuero externo.
Es por demás obvio, que no siempre los centros de imputación normativa (personas jurídicas), son respetuosos de las normas, lo cual les trae aparejada una sanción, aun cuando se den casos de que por razón de la fuerza o el poder económico de una de las partes, se infrinja la norma y no se dé la consecuencia jurídica que implica una sanción la cual, a su vez, puede significar un premio o un castigo, en su caso.
En la especie, es de todos sabida la intromisión que en todos los países del mundo, en diferentes épocas, pero con la misma constancia, han perpetrado los EUA. en aras de comprar (o despojar) de materias primas al país que se deje, y vender sus productos elaborados con el valor agregado correspondiente, siempre bajo sus condiciones, ya sea pactadas o, las mas de las veces, impuestas por las presiones que ejercen, ya sea económicas, políticas, militares, etc.
Es el caso que a partir de la llamada Iniciativa Mérida, los EUA. se comprometieron a proporcionar algunos millones de dólares para apoyarnos en la lucha contra el narcotráfico, (actualmente el presidente estadounidense solicitó 310 millones de dólares al Congreso de su país, para seguir financiando a esta iniciativa), solamente que no proporcionarán efectivo, sino armamento, vehículos militares y capacitación a nuestras fuerzas armadas, con sus instructores, claro está.
En tal virtud, en una audiencia ante el Subcomité de Derechos Humanos del Comité Judicial de la Cámara de Senadores, el Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y la Aplicación de la Ley dijo que “…se necesitan avances en la transparencia del sistema judicial militar, para que el público con mayor claridad sea testigo de que se aplique la justicia”, ello en alusión a que hace falta esta transparencia en México para abordar el tema de las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen los soldados bajo la llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El senador demócrata que presidió la sesión, en donde se resaltó el tema de la violación a los derechos humanos como ya lo asentamos, también dijo que: “Las violaciones a los derechos humanos socavan los esfuerzos para combatir al tráfico de drogas y al crimen organizado”.
Esto nos lleva a concluir, una vez mas, de la permanente intromisión en nuestros asuntos internos, ya que condicionan los apoyos, al seguimiento de sus directrices, siempre bajo sus condiciones, pero al margen de estar o no en su derecho ni que sea su dinero, pues se les va a pagar, sí queda claro la forma ingerencista de sus actitudes hacia México.
Todo ello viene a colación porque, coincidentemente, la Cámara de Diputados de nuestro país, actuando como Cámara Revisora tiene en estudio la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Senado ampliamente discutida y el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, aduce que por tratarse de un tema de seguridad nacional, no puede exponerse a que limite, exceda o pueda ser omisa en algunas facultades jurisdiccionales del Estado mexicano y otro miembro de dicha Comisión, advirtió que “…que no se eliminará el fuero castrense, pero tenemos que revisarla con el ánimo de obsequiar una ley de seguridad nacional acorde con las necesidades de los nuevos tiempos…”. Pero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos se ha manifestado: “… desde un principio por el hecho de que las fuerzas armadas solo participen en tareas de colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en materia de seguridad. Las fuerzas armadas no están diseñadas para hacer labores de seguridad pública e involucrarlas va a ocasionar un fuerte desprestigio.”
En suma se trata de darle a las fuerzas armadas los soportes jurídicos para cumplir con labores de policía, que no es su función ni tampoco están preparadas para tal efecto, razón por la cual debe ponderarse adecuadamente tal reforma para bien de la comunidad, de las instituciones y de la paz social.
Pero acorde con nuestras leyes y nuestras realidades y no como resultado de la ingerencia extranjera en nuestras decisiones. O usted, perspicaz lector, ¿qué opina?
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