De la disyuntiva...

Por Rodrigo Juárez Ortiz


En el ejercicio del poder se conjugan múltiples factores que quien lo tiene debe ponderar todos y cada uno con los que cuenta, desde luego que con el asesoramiento de los que saben y son expertos en el área de que se trate, y actuar en consecuencia, siguiendo, además, los principios de un plan rector y, fundamentalmente, con el cumplimiento irrestricto de la ley, y ello para cumplir, básicamente, con el requerimiento fundamental de cualquier acto de autoridad que es el de fundarlo y motivarlo.

Existen, también, situaciones de hecho y situaciones de derecho, como todos lo saben, sin perjuicio de que en el caso, la clase gobernante frente a un problema en donde los principios y fundamentos legales son prioritarios, atienden y “ resuelven” con tratamiento político lo que debe ser resuelto con base en la norma jurídica, ya que de lo contrario se cuestionaría uno para qué sirven las leyes.

Obviamente que ante un problema que tiene una solución jurídica, pero además tiene una connotación política, antes de ejercer cualquier tipo de acción ante ello, es menester agotar, hasta donde sea dable, el diálogo, instrumento fundamental para acceder a soluciones que satisfagan en la medida de lo posible, los requerimientos de las partes. Todo ello viene a colación porque estamos viviendo en el país las consecuencias nefastas y siniestras del empoderamiento, por parte de las organizaciones delictivas, de grandes partes de nuestro territorio.

Y en la especie, el caso del hermano estado de Michoacán es un claro ejemplo de la descomposición social (con todas sus derivaciones de todo tipo) que ha causado el haber permitido, especialmente en los últimos dos sexenios, que proliferaran las bandas delictivas que, según nos reportan los medios, han penetrado en los tres niveles de gobierno y también en las esferas de las áreas del sector privado.

Se nos informa que existe una banda bien organizada que tiene bajo control a poblaciones enteras a las que intimida a través del asesinato, la extorsión, el secuestro y varios canales de explotación a todas aquellas personas que de alguna manera tienen una actividad productiva o tienen un ingreso económico, sin perjuicio de violaciones de las que son víctimas las mujeres.

Cansados, hartos de padecer esta situación y de haberla soportado, dicen, durante los últimos doce años, ya no están dispuestos a seguirla padeciendo y de manera colectiva han creado grupos denominados por ellos mismos como de auto- defensa . Para ello se han armado y han creado sistemas de protección y acciones de recuperación de las poblaciones sometidas al yugo de la delincuencia; reintegrando a sus legítimos dueños predios que les habían sido arrebatados y, en suma, recuperando la paz y la tranquilidad para seguir realizando sus actividades productivas pero sin ser les arrebatado el producto de su esfuerzo y su trabajo por delincuentes , los cuales, se dice, están protegidos por servidores públicos, de todo jaez, merced a la corrupción y a la impunidad y que como consecuencia de la ineficacia de estos últimos, se han visto orillados a tomar las armas para defenderse de los delincuentes.

Sin embargo, las autoridades, con toda justeza parten de un principio elemental de que nadie puede hacerse justicia por propia mano y menos haciendo uso de las armas para tal efecto y por ello ha ordenado el desarme de todos aquellos que las portan, solo que al hacerlo, los pueblos en masa han pedido a las autoridades que les devuelvan las armas requisadas, ya que de lo contrario las bandas delictivas los van a ultimar y los van a dejar en total estado de indefensión, pues las experiencias que hasta el momento han tenido han sido de decepción al ver la ineficacia de las propias autoridades que han permitido llegar a este estado de cosas. La disyuntiva para las autoridades sería, desde el punto de vista jurídico, hacer prevalecer la norma por sobre todas las cosas, pero sin dejar de ver el aspecto político que esto conlleva y, desde luego, hacer efectivo el ejercicio de la protección de los pueblos, para lo cual están comprometidos y obligados y por ello se les paga. O sea tomar el control con base en la ley y hacer eficaz el o los mecanismos dables para erradicar a la mafia que tanto daño ha causado en esa entidad. Además sería lo justo. O usted, definido lector, ¿qué opina?